By NOlympics LA

November 17, 2022 / El 17 de noviembre de 2022

[Escrito en Español Abajo]

You may have heard the Olympics are coming to Los Angeles in 2028. But did you know that means Immigration and Customs Enforcement (ICE) and Customs and Border Protection (CBP)—agencies responsible for identifying, detaining, and deporting undocumented residents—are coming too?

Security for high-profile sports events often endangers residents in host cities. The 2022 Super Bowl gave us a small taste of this, as ICE agents were spotted patrolling and policing street vendor stalls and markets in Inglewood, putting undocumented street vendors at risk. Sometimes these patrols are framed in terms of cracking down on counterfeit merchandise, but they subject vendors to harassment and criminalization and create a climate of fear in immigrant communities.

Ahead of the 2010 Super Bowl in Miami, CBP conducted checks at Amtrak and Greyhound stations, arresting—and possibly deporting—immigrants who could not provide documents. As researcher Todd Miller wrote, “The Super Bowl site perimeter has turned into a de facto international border zone, but you don’t even have to cross it to invite suspicion. Your simple proximity to it, and the fact that you are traveling, is enough.” 

The 2028 Olympics is classified by the federal government as a National Special Security Event (NSSE), placing it in the highest category for security risk. (Other examples of NSSE events include Democratic or Republican National Conventions, presidential inaugurations, global summits, and both the 2002 Super Bowl and Salt Lake City Olympics.) The Department of Homeland Security (DHS) and the Secret Service oversee security plans for NSSEs. The DHS houses both ICE and CBP, a structure that facilitates surveillance and data-sharing between federal, state, and local security agencies that has done lasting harm elsewhere. For example, Olympics and Super Bowl games have been used as opportunities for law enforcement to test new facial recognition and data collection technologies, practices that have a record of disproportionately hurting Black and brown communities.

The 2017 Olympics bid book stipulates that CBP will “provide Border Patrol Agents to assist in securing Olympic venues.” Beyond that, there is little concrete information available about what role and powers CPB, ICE, and DHS will have. And that’s part of the problem. 

LA 2028 and city officials have deflected questions about ICE and CBP’s involvement in Olympics security by saying it’s too early to know the details. But, as LA’s Deputy Chief Robert Marino has explained, security for an NSSE typically goes into effect “a year to two years prior” to the event. Add in the fact that LA’s FIFA World Cup games in 2026 could also receive a NSSE designation, and we could be looking at a period of expanded federal law enforcement presence in Los Angeles that is imminent, will last years, and leave a legacy of surveillance.

Details about which federal agency is doing what and when are vital in a city with an estimated one million undocumented residents. The bottom line is: the security plan for the Olympics puts undocumented Angelenos at risk. And, LA 2028 leaders’ refusal to address community members’ concerns only underlines that protecting these communities is not a priority.

It is not too early to make a commitment to keeping ICE and CBP out of our city and county. LA 2028 should promise to exclude ICE and CBP from the games, and city and county elected officials should prohibit these anti-immigrant agencies from operating in Los Angeles.

Es posible que haya escuchado que las Olimpiadas vienen a Los Ángeles en 2028. ¿Pero sabía que eso significa que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (Immigration and Customs Enforcement, ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (Customs and Border Protection, CBP) —las agencias responsables de identificar, detener y deportar a residentes indocumentados— vendrán también?

La seguridad para los eventos deportivos de alto nivel muchas veces pone en peligro a los residentes de las ciudades anfitrionas. El Super Bowl 2022 nos dio una probadita de esto, cuando agentes de ICE fueron detectados patrullando y ejerciendo acción policial en los puestos de los vendedores en la calle y los mercados en Inglewood, poniendo en riesgo a los vendedores callejeros indocumentados. Algunas veces estas patrullas están enmarcadas en términos de combatir la mercancía pirata, pero someten a los vendedores a acoso y criminalización, y crean un clima de temor en las comunidades de inmigrantes.

Antes del Super Bowl 2010 en Miami, CBP realizó revisiones en las estaciones de Amtrak y Greyhound, arrestando —y posiblemente deportando— a inmigrantes que no pudieron proporcionar sus documentos. Como escribió el investigador Todd Miller, “El perímetro de la sede del Super Bowl se ha convertido de hecho en una zona fronteriza internacional, pero usted ni siquiera tiene que cruzarla para volverse sospechoso. El que usted esté cerca de ella, y el hecho de que esté viajando, es suficiente”.

Las Olimpiadas de 2028 están clasificadas por el gobierno federal como un Evento Nacional de Seguridad Especial (National Special Security Event, NSSE), colocándolo en la categoría más alta de riesgo de seguridad. (Otros ejemplos de eventos NSSE incluyen las convenciones nacionales demócrata y republicana, las inauguraciones presidenciales, las cumbres globales, y tanto el Super Bowl 2002 y las Olimpiadas de Salt Lake City). El Departamento de Seguridad Nacional (Department of Homeland Security, DHS) y el Servicio Secreto supervisan los planes de seguridad para los NSSE. El DHS es la sede tanto de ICE como de CBP, una estructura que facilita la vigilancia y el intercambio de datos entre las agencias de seguridad federales, estatales y locales, lo que ha ocasionado daños duraderos en otros lugares. Por ejemplo, las Olimpiadas y los juegos del Super Bowl han sido usados como oportunidades para que los cuerpos de seguridad prueben nuevas tecnologías de reconocimiento facial y recopilación de datos, prácticas que tienen un récord de lastimar en forma desproporcionada a las comunidades negras y de color.

El libro de licitación de las Olimpiadas de 2017 estipula que CBP “proporcionará agentes de la patrulla fronteriza para ayudar en la seguridad de los estadios de los juegos olímpicos”. Más allá de eso, hay poca información concreta disponible sobre el papel y las funciones que tendrán CPB, ICE y DHS. Y eso es parte del problema. 

LA 2028 y los funcionarios de la ciudad han evadido preguntas sobre la participación de ICE y CBP en la seguridad de las Olimpiadas diciendo que es muy pronto para conocer los detalles. Pero, como ha explicado el subjefe de LA, Robert Marino, la seguridad para una NSSE típicamente inicia “un año o dos años antes” del evento. Agregue el hecho de que los juegos en 2026 de la Copa Mundial de la FIFA en LA podrían recibir también una designación de NSSE, y podríamos estar frente a un periodo de presencia extendida de los cuerpos de seguridad federales en Los Ángeles que es inminente, durará años, y dejará un legado de vigilancia. 

Los detalles sobre cuál agencia federal está haciendo qué y cuándo, son vitales en una ciudad que se estima que tiene un millón de residentes indocumentados. En resumidas cuentas: el plan de seguridad para las Olimpiadas pone en riesgo a los angelinos indocumentados. Y, el que los líderes de LA 2028 se rehúsen a atender las inquietudes de los miembros de la comunidad solamente enfatiza que proteger a estas comunidades no es su prioridad.

No es demasiado pronto para hacer el compromiso de mantener a ICE y a CBP fuera de nuestra ciudad y de nuestro condado. LA 2028 debería prometer excluir a ICE y a CBP de los juegos, y los funcionarios electos de la ciudad y del condado deberían prohibir que esas agencias anti-inmigrantes operen en Los Ángeles.